Entra hoy en vigor la orden presidencial española, aprobada por el gobierno de Zapatero (publicada en el B.O.E. de ayer), que incluye las nuevas tarifas del conocido canon digital, que, deberán pagar, a favor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), los fabricantes de los diferentes soportes, que se extiende, además de a discos compactos y versátiles, a impresoras, escáneres, grabadoras, memorias USB y discos duros y portátiles, entre otros.

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Hace unas semanas la Asociación de Internautas instaba a todos los ayuntamientos de España para que aprobaran mociones plenarias de rechazo al canon.

Ya hay un primer ayuntamiento que ha anunciado una propuesta de este tipo. Se trata del Ayuntamiento de Málaga, cuyo concejal de Nuevas Tecnologías, Francisco Salas, tenía previsto en el Pleno de ayer presentar esta moción. De forma más concreta, lo que se pedía era la derogación del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, que trata sobre el derecho de remuneración por copia privada y donde se establecen los importes a pagar por ello.

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A través de Mangas verdes me entero que acaba de nacer una nueva iniciativa internáutica bajo el nombre de Todos contra el canon, apoyada por una decena de organizaciones de usuarios, consumidores, internautas y varias asociaciones empresariales relacionadas con el sector.

Desde estas líneas apoyo totalmente la iniciativa, cuyos objetivos están tan claros como el nombre del proyecto:

«En concreto, estas organizaciones manifiestan el rechazo a gravar los soportes, los equipos o redes y la tecnología en general con cánones, cuyos beneficiarios sean un sector económico o una actividad de intermediación específicos. Contraviene al interés general, ya que ello conlleva que cualquier colectivo ó sector que se vea afectado por un cambio tecnológico pueda reclamar un canon similar sobre la tecnología que ha provocado este cambio, e impide el desarrollo de nuevos modelos de negocio»

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